Apenas cinco minutos minutos duró el pleno 'express' celebrado este sábado en el Parlamento de Canarias para aprobar cuatro disposiciones a la modificación del Proyecto de Ley de Turismo, y que habían sido impugnadas por los diputados gomeros del Grupo Socialista al entender que ocultaban "intereses muy particulares".

De este modo, la situación de unas 4.000 camas rurales ilegales en La Palma, La Gomera y El Hierro, así como la de unas 300 farmacias del Archipiélago se podrá regularizar después de que los Grupos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) hayan aprobado hoy dos enmiendas con ese objeto “aprovechando” la adaptación de la Ley de Turismo a la directiva Bolkestein.

Estas regularizaciones fueron la razón por la que el diputado socialista Julio Cruz, representando 2/3 de los gomeros de la Cámara, se acogió al artículo 12/4 del Estatuto de Autonomía para impugnar las disposiciones citadas al considerar que persiguen "intereses muy particulares" y que podrían ser perjudiciales para la isla de La Gomera.

En concreto la Disposición adicional segunda-bis y disposición adicional segunda-ter sobre la ordenación territorial de la actividad turística de La Palma, El Hierro y La Gomera, así como la disposición adicional segunda-quater sobre la Ordenación del Transporte por Carretera y la disposición adicional segunda-quinquies sobre la Ordenación Farmacéutica de Canarias fueron aprobadas tras la impugnación socialista.

No sólo eso, los socialistas denunciado "falsedad documental" en la tramitación de esta ley y han advertido a CC y PP que de seguir adelante con el procedimiento de este proyecto de ley en estos términos recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) e incluso al Tribunal Constitucional (TC) al considerar lesionados sus derechos de participacion política.

CONFLICTO JURÍDICO

El Grupo Socialista acusó durante la celebración de la sesión del pasado miércoles del Pleno del Parlamento a los grupos que sustentan el Gobierno de “ilegalidades” en la tramitación por la vía de urgencia y en procedimiento abreviado de la modificación de la ley de ordenación turística. En concreto, se quejaban de que se haya “aprovechado” la modificación de la ley turística para aprobar tres enmiendas que modifican a su vez otras tantas leyes.

Según el portavoz parlamentario socialista, Santiago Pérez, estas enmiendas no respetan los criterios de congruencia exigidas a la presentación de enmiendas porque estas no versan sobre el objeto de la ley que se modifica, lo que provocó un “conflicto jurídico de cierta entidad” en el seno del Parlamento.

El conflicto jurídico comenzó el pasado martes cuando Santiago Pérez acusaba a CC y PP que con las enmiendas “se ha cambiado el objeto” de la ley, acusándoles de “extralimitación del derecho a presentar enmiendas en lo que son modificaciones de otras leyes” lo que a su juicio “deja en la indefensión al PSC de enmendar estas modificaciones”.

El portavoz parlamentario del PSC recordó que presentó a la Mesa del Parlamento un escrito para que se reconsiderase la admisión y tramitación de las enmiendas de CC y PP que no se refieren al objeto de la ley y de turismo. No se llegó a ningún acuerdo. Tras esto, el Gobierno propuso que el PSC retirara el escrito y los grupos de PP y CC retirarían las enmiendas sobre farmacia, pero mantendrían las otras dos. Pérez hizo una contrapropuesta: “que mantengan las enmiendas al transporte terrestre, porque puede tener una conexión con los temas turísticos, y que presenten dos proyectos de ley sobre el resto”. Tampoco se llegó a ningún acuerdo.

Por su parte, Ruano acusó a Pérez de ser “un experto en utilizar todos los planos” y en su “papel de hombre duro, de látigo contra el Gobierno porque tendrá que rendir pleitesía a otros”. Además, le acusó de que con esa actitud “es imposible llegar a acuerdos”.

Tanto el presidente del Parlamento, Antonio Castro, como los distintos representantes del Gobierno, CC y PP, han asegurado que el procedimiento ha sido respetuoso con la legalidad y que, dado su carácter excepcional, se han tenido que tomar medidas excepcionales.

LA LEY

Según defendió en su dia el diputado ‘popular’ Fernando Figuereo la modificación de esta ley “es necesaria para fomentar el crecimiento de la economía, con la creación de empleo”, “armonizar la legislación” con la europea, y simplificar los procedimientos de obtención de licencia.

“Las actividades empresariales que sustentan la economía están en constante cambio y un excesivo intervencionismo, como hasta ahora, provoca la paralización de nuestro sector empresarial”, declaró. A su juicio, el turismo ha estado “excesivamente regulado” y considera que “quien mejor regula el número de camas y los servicios que se prestan es la propia demanda, los propios clientes y tour operadores, quienes exigen mayores estándares de calidad e incluso de criterios medioambientales”.