Les parece "impresentable" que quienes se proclaman como "defensores de lo canario" quieran descatalogar el patrimonio natural.

Las organizaciones Alternativa Sí Se Puede por Tenerife, Alternativa Ciudadana 25 de Mayo de Lanzarote, Los Verdes de Fuerteventura y Iniciativa por el El Hierro se han sumado a las críticas de la comunidad científica y han rechazado la propuesta de descatalogación y recalificación a la baja de la categoría de protección de muchos taxones, hasta ahora protegidos, según ha recogido las formaciones políticas en un comunicado.

Insisten en que voces autorizadas de la comunidad científica de canarias, entre otras, han tildado esta iniciativa legislativa, "como carente de rigor científico y con el único objetivo de allanar el terreno para que los planes desarrollistas que Coalición Canaria y sus socios en el Gobierno, el Partido Popular".

Argumentan además que la Propuesta de Ley presentada en el Parlamento han llevado la iniciativa adelante con el fin de que "las islas puedan seguir desarrollándose sin que puedan ser puestos en evidencia por las autoridades judiciales, como ha ocurrido reiteradamente en los últimos tiempos, a raíz de denuncias de colectivos ecologistas, por vulnerar los principios más elementales de las leyes emanadas del propio parlamento".

Los portavoces de estas organizaciones políticas han recalcado que les parece "impresentable" que quienes se proclaman como "defensores de lo canario" quieran descatalogar o rebajar la categoría de protección de una parte significativa del patrimonio natural canario, internacionalmente reconocido como único y excepcional, hasta el punto de situar al nuevo Catálogo Canario por debajo del Catálogo Estatal.

"Por si ello fuera poco atrevido, la proposición de ley incluye además el despropósito de crear una nueva figura de protección, las especies de interés para los ecosistemas canarios, que sólo mantienen su estatus de protección cuando se encuentran en espacios protegidos, es decir, que su protección no será efectiva nunca fuera de los espacios protegidos y por lo tanto no será impedimento alguno para llevar a cabo las infraestructuras o urbanizaciones que consideren necesarias para sus particulares intereses inmobiliarios", concluyeron estas fuerzas políticas.