El jurista y arquitecto Carmelo Padrón advierte que la iniciativa de CC acabará en el Constitucional

Científicos y especialistas en derecho y medio ambiente apelaron ayer a la movilización ciudadana para impedir la aprobación de la propuesta impulsada en el Parlamento regional por Coalición Canaria de la nueva ley Catálogo Canario de Especies Protegidas, y coincidieron en calificar de ilegal la iniciativa legislativa.


La tesis de David Bramwell, director del Jardín Botánico Viera y Clavijo, el catedrático de Derecho Urbanístico y ex viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Carmelo Padrón, y del biólogo veterinario Pascual Calabuig, de que el Gobierno canario no puede rebajar el nivel de protección de especies de flora y fauna del Archipiélago contradiciendo la superior calificación del catálogo nacional, so pena de incurrir en ilegalidad, fue también otra de las coincidencias de los tres especialistas en el debate de anoche en el Club Prensa Canaria, organizado por la federación Ben Magec, Ecologistas en Acción.


La propuesta de CC, que ha recibido recientemente informe negativo del Consejo Consultivo de Canarias y a la que ha mostrado su apoyo el Partido Popular, su socio en el Gobierno autonómico, deja fuera del Catálogo de Especies Protegidas de 2001 un total de 226 de las 450 especies de flora y fauna en él incluidas. A su vez, 131 especies sufrirían una rebaja en el grado de protección al crearse figuras nuevas y finalmente otras 94 pasarían a estar protegidas, pero de una forma "perversa", como recordó anoche Eugenio Reyes, representante de Ben Magec y moderador del debate.


Por su parte, Pascual Calabuig calificó de "bodrio de república bananera" la iniciativa legislativa, y abundó que esta "adolece de graves defectos de índole jurídica", por lo que pidió la retirada de la propuesta.


Calabuig alertó de que especies como el lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical o la tortuga boba están entre las que sufrirán la rebaja de protección y que, en el caso de algunas de ellas, dependerá ser consideradas protegidas si se encuentran o no en hábitats con esa calificación.


Por su parte, David Bramwell subrayó la incoherencia de que una ley de rango inferior, como la que pretende el Ejecutivo autonómico, disminuya el grado de protección de la biodiversidad contemplada en el catálogo nacional y cuestionó la identidad de los técnicos que la han elaborado la propuesta.


"Con esos expertos anónimos estamos abiertos al diálogo", dijo el director del Jardín Canario Viera y Clavijo, "como se hace en cualquier proceso científico de esta naturaleza. Por que esto no es normal".