El colectivo Asarca exige a las Administraciones que “se responsabilicen” de los archivos y lamentan la situación de El Museo Canario y el Archivo General de La Gomera.

La Asociación de Archiveros de Canarias (Asarca) ha hecho público su malestar por la situación en la que se encuentran “muchos de los archivos” de la Comunidad Autónoma de Canarias, “que ha llevado, en algunos casos, a situaciones tan lamentables” como la del cierre del servicio de archivo de El Museo Canario o el nuevo uso de la sala del Archivo General de La Gomera.

Para Asarca, según un comunicado remitido a ACN Press, el caso de El Museo Canario “es un claro ejemplo del difícil momento que atraviesan los archivos canarios, con falta de personal técnico especializado, con unas infraestructuras obsoletas, que en muchos casos han motivado el cierre del servicio con un nivel insuficiente de recursos tecnológicos y con una escasa o ausente implicación política, lo cual hace imposible garantizar el buen servicio de los archivos canarios a los ciudadanos”.

En este sentido, los archiveros esgrimen la Ley 3/1990, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, de la que aseguran que no ha sido desarrollada en su totalidad “y, por lo tanto, no se ha establecido aún un Sistema Archivístico Canario global”, indican. Así, apuntan que la Comunidad Autónoma lleva varios años trabajando en este objetivo, “si bien hay muchas tareas pendientes, sobre todo en la administración local, y también en otros centros de archivo con documentación que no depende directamente del Gobierno de Canarias, como es el caso de los archivos de los colegios oficiales, archivos de empresas o archivos privados”, advierten.

En este sentido, Asarca recuerda que el patrimonio de esas entidades “también está contemplado en dicha ley”, y avisan de que “a la falta de compromiso institucional debemos sumarle que muchos de los archiveros que ejercen su actividad profesional en las instituciones descritas han sido objeto de expedientes de regulación de empleo”.

Según Asarca, resulta “paradójico” que mientras que desde el Gobierno estatal y el canario se apuesta por el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, redactando leyes y elaborando proyectos de modernización administrativa, donde se ha entendido que la figura profesional del archivero es clave para el éxito organizacional, junto a otros profesionales, “en Canarias muchos gobernantes, especialmente de la Administración Local, optan por la supresión de plazas de archiveros y como consecuencia fomentan la paralización de servicios de atención a las demandas de información de los ciudadanos, que son considerados fundamentales en las sociedades democráticas de pleno derecho”, afirman.

Como ejemplos, Asarca cita los casos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde se ha suprimido la dotación de la plaza de archivero del presupuesto municipal, y en el Archivo General Insular de La Gomera, donde su sala de consulta se ha puesto a disposición de la Escuela Insular de Silbo, “en menoscabo de los usuarios del archivo y de las tareas de difusión propias de éste”.