El abogado José Pérez Ventura, miembro del colectivo Justicia y Sociedad, parte de la acusación popular en el caso Las Teresitas, analizó para Radio San Borondón las novedades judiciales en torno a este caso adelantadas desde primera hora de este domingo por los servicios informativos de esta emisora de radio, ya que la jueza de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini ha imputado por un presunto delito de cohecho a Emilio Fresco (PSOE), José Emilio García Gómez (PP), ambos portavoces de sus respectivos partidos en 2001, y a José Luis Martín (expulsado del PSOE tras un expediente por prácticas irregulares) y recuerda que el caso Las Teresitas está considerado por las altas instancias judiciales como uno de los mayores pelotazos de la historia del municipalismo del país.

Cabe recordar que este “caso de libro” como ha sido denominado por las más altas instancias judiciales españolas tiene como principales imputados al alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo (CC), al primer teniente de alcalde, Manuel Parejo (CC) y a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, de modo que el número total de imputaciones pasa de 25 a 28, y el de imputados, de 12 a 13, tras este auto de Bellini dictado el 10 de febrero, en el que aparecen estas tres nuevas imputaciones.

José Pérez Ventura afirma que una operación concreta en la que se ha generado unas plusvalías y unos aprovechamientos de tal magnitud como los vistos en Las Teresitas en pocos lugares podemos encontrarlos y explica que el caso de Marbella, que salió publicado en todos los medios por los personajes implicados, se trata de un caso más continuado en el tiempo en el conjunto de las operaciones, pero este de Las Teresitas se trata de una única operación en donde se ha generado un nicho de corrupción increíble y advierte que este hecho podría haber justificado que se adoptasen medidas cautelares incluso privativas de libertad.

Señala que la jueza que instruye el caso no lo vio así, pero incide en que está acostumbrado a juicios en donde se acuerda prisión preventiva en casos de muchísima menor entidad, delitos de menor gravedad, por lo que afirma que se puede ver la doble vara de medir en la Justicia en donde a estos gerifaltes de la política tinerfeña se les da un trato diferente que al resto de los ciudadanos.

Pérez Ventura dijo que la política en Santa Cruz de Tenerife está totalmente empantanada por un equipo de Gobierno liderado desde hace décadas por un Miguel Zerolo que aparece en todos los casos de corrupción vinculados a la capital tinerfeña, motivos más que suficientes como para que la ciudadanía no dé más respaldo a un partido que ha consolidado esta forma de gobernar en su propio beneficio y de espaldas a la legalidad y a la ciudadanía.

Desde su punto de vista, estas tres nuevas imputaciones por cohecho a Emilio Fresco (PSOE), José Emilio García Gómez (PP), y a José Luis Martín viene a confirmar la gravedad de este caso. Tras confirmar los extremos adelantados por RSB la mañana de este domingo, recuerda que las actuaciones siguen estando secretas, aunque entiende, como parte en este caso, que la ampliación de imputaciones por cohecho significan que el caso tiene unas dimensiones importantísimas y que la investigación deparará más novedades en las próximas fechas.

Desde su punto de vista, la implicación por sobornos de un funcionario o dirigente político en un caso de corrupción es el delito mayor en el que se pueda incurrir por parte de un gestor público, ya que significa que se han comprado o dejado comprar voluntades para beneficiar intereses particulares en detrimento del interés general.

El también dirigente de IUC señala que esta ampliación en las imputaciones en el caso Las Teresitas apuntan a que las investigaciones siguen dando sus frutos, pero deja claro que el colectivo Justicia y Sociedad entiende que este proceso se tiene que acelerar, ir levantando progresivamente el resto de las actuaciones que permanecen secretas en tanto en cuanto no se comprometa el curso de la investigación y la instrucción que se está llevando a cabo, sobre todo a efectos de abrir juicio oral para poder formular la pertinente acusación para que se celebre un juicio que a ciudadanía de Santa Cruz, de Tenerife y de Canarias reclama, porque este caso constituye no sólo un pelotazo de libro, sino uno de los mayores pelotazos de la historia del municipalismo del país.