ENSAYO SOBRE LA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA DEL PODER
(I)

El pacto contraído con mis lectores se llama Verdad, con mayúscula. Así lo dijo también aquel venerable intelectual de abolengo liberal, comprometido con el destino de España; el catedrático de lenguas clásicas, rector vitalicio de la Universidad de Salamanca y doctor “honoris causa” por la Universidad de Oxford, Miguel de Unamuno y Jugo, en su obra “Contra esto y aquello”.

Abundando en el mismo sentido se manifiesta el maestro preclaro de estirpe liberal, catedrático de Metafísica, José Ortega y Gasset, majestad del pensamiento y el intelecto iberoamericano, en sus premonitorias diatribas publicadas en el diario El Sol, “No es esto, no es esto”.

Afable lector, gracias por la calurosa acogida dispensada a mis anteriores artículos. Las circunstancias me impelen de nuevo a coger la pluma para hablar y corresponder a tantas y tan estimulantes gratificaciones recibidas, con nuevas reflexiones pedagógicas sobre la corrupción pública.

Con aprecio, reconozco y percibo como los ciudadanos no sólo se interesan sino que son receptivos e interiorizan las enseñanzas y las criticas fundadas en la veracidad, señal de identidad y principio rector del librepensamiento, corriente política e intelectual que se sujeta al art. 20 de la Constitución, a la que con ilusión y con devoción me voy acercando tímidamente.

Hora es de despertar de viejos sueños románticos, de abandonar calificativos de género y de dejar de creer en la “feliz democracia”, el “sabio legislador”, el “justo juez” y el “benéfico Gobierno”. La realidad es otra; hay que aprender a aceptarla y volver a utilizar los adjetivos individuales: un legislador es sabio y otro ignorante, unos jueces son justos y otros perversos, hay gobiernos benéficos y gobiernos egoístas y corruptos. La democracia es feliz o desgraciada y en todo caso tiene manchas como defectos sus tres poderes. Sólo los niños pueden creer otra cosa. La España democrática ha llegado a la edad adulta y recuperado la facultad de ver la realidad como es, sin negar la evidencia ni escandalizarse por ello.
Nuestra democracia no es perfecta y es de ilusos esperar que algún día llegue a serlo, puesto que ninguna lo es. No hay que desanimarse sin embargo, antes al contrario, es un estímulo más para participar en la vida política y para no dejarla en manos de los peores. Tampoco hay que negar ni avergonzarse de que esté afeada por la corrupción. De lo que hay que preocuparse, y mucho, es del nivel que la corrupción ha alcanzado, hasta tal punto que se ha producido, desde este aumento cuantitativo, un salto cualitativo que importa examinar ahora con cierto cuidado.
Es frecuente oír que democracia y corrupción son términos incompatibles: donde hay democracia (como en la España actual) no puede haber corrupción - se dice- o ha de ser mínima. La intención apologética de esta tesis salta a la vista y esconde, además, un argumento descalificador, dado que imputa a quienes denuncian su existencia el grave pecado de estar desacreditando a la democracia e incluso de pertenecer a la derecha plutocrática (dando por supuesto que es ésta la que se beneficia de tales situaciones en perjuicio de la izquierda, libre de toda sospecha al cabo de “cien años de honradez”). Desde esta perspectiva la corrupción se convierte en una cuestión tabú, que no puede tocarse so pena de perjudicar gravemente a la democracia, la integridad de cuya imagen -al estilo calderoniano- no admite ni siquiera sombras.
Yo estoy dispuesto a aceptar la imposibilidad lógica del sintagma “democracia corrupta”, pero con todas sus consecuencias, es decir, si en la democracia “no debe haber” corrupción y es el caso que la hay, tiene que concluirse con el mismo énfasis que donde hay corrupción no puede haber democracia. La corrupción puede ciertamente ocultarse, pero, si no se elimina, se produce algo mucho más grave que un simple deterioro de la imagen: se está destruyendo a la democracia. En definitiva, quienes pretenden silenciar la existencia de prácticas corruptas públicas preservan quizá la imagen de la democracia, pero no su sustancia. Una opinión, por otra parte, absolutamente generalizada en Europa que me permite hacer una breve y excepcional referencia a testimonios extranjeros. Según Della Porta y Mény (Democracia y corrupción en Europa), “la corrupción pone en peligro los valores mismos del sistema: la democracia es herida en el corazón; la corrupción sustituye el interés público por el privado, mina los fundamentos del Estado de Derecho, niega los principios de igualdad y de transparencia favoreciendo el acceso privilegiado y secreto de ciertos agentes a los medios públicos”. O en Alemania R. Scholz (Corrupción en Alemania): “la corrupción en todas sus variantes destruye silenciosa y eficazmente las instituciones democráticas”. Y por citar a un español muy autorizado, para L. Diez-Picazo (La criminalidad de los gobernantes), “la corrupción política, más aún cuando llega a ser mera delincuencia común, está promoviendo una crisis de legitimidad en el Estado social y democrático de Derecho; de esa corrupción política provienen muchas de las críticas al Estado democrático; los ciudadanos se quejan –y con razón- de los políticos, pero terminan quejándose del Estado a quienes esos políticos dicen representar”. Y antes, en palabras de M. Miralles (Dinero sucio), “todo ello conforma una red que ahoga la democracia: la vacía de contenido y la reduce a un mero formalismo. Ése quizá es el aspecto más peligroso de la corrupción en un sistema democrático. Ésa es la variable que aumenta su variedad en relación con la corrupción de las dictaduras. La dictadura no puede corromperse, lo es per se, pero la democracia, sí. No es un asunto de listos o chorizos, de pícaros o ladrones de guante blanco. Es la legitimación del sistema y de sus instituciones básicas lo que está en el aire, lo que la primera etapa de gobierno del PSOE puso en cuestión. Porque termina por ser el propio sistema el que induce a la corrupción a quien desea sobrevivir”.
Conste, por lo demás, que la cita de esas autoridades de talante democrático intachable no es una simple erudición sino una forma de salir al paso de una acusación de antidemocracia que suele imputarse insidiosamente a quienes denuncian estas prácticas, a lo que alude de forma expresa J. M. Tortosa (Corrupción).
La proposición enunciada no significa, naturalmente, la negación de la democracia en una realidad política contaminada, ya que la existencia de prácticas corruptas “esporádicas”, aunque sean muy graves, es de hecho inevitable en todos los tiempos y circunstancias. La única corrupción letal es la sistemática, estructural, es decir, la integrada en el sistema de tal manera que las instituciones públicas funcionan habitualmente con ella (e incluso no pueden funcionar sin ella) y, sobre todo, cuando no operan los mecanismos de autodefensa. Este último dato es el que mejor revela que el sistema tolera la corrupción y que la ha absorbido como parte integrante del mismo. Por esta razón puede hablarse hoy de la democracia italiana, ya que, a diferencia de lo que antes sucedía, ahora se está defendiendo. Y por lo mismo, es lícito poner en duda a la democracia española actual afectada como está -y mientras siga estándolo- de una corrupción institucional con débiles mecanismos de prevención y represión por falta de medios.
Más todavía: cuando la corrupción es patrimonio de un grupo identificado, cabe la posibilidad de eliminarla al sustituir electoralmente a un grupo por otro y recuperar con ello a la democracia. Ahora bien, cuando la alternativa a un gobierno corrupto (nacional, autonómico o local) es otro igualmente corrupto, ya no puede seguir hablándose de democracia al no haber esperanza de regenerar al sistema desde dentro del mismo; una posibilidad que constituye cabalmente uno de los pilares de la democracia.
En segundo término opera otro argumento no menos contundente que el anterior: la democracia supone la presencia de unos mandatarios elegidos por el pueblo para la gestión de los intereses públicos. Para que aquella exista no basta, por tanto, que haya mandatarios públicamente elegidos sino que es preciso, además, que trabajen efectivamente en beneficio del interés general. Con la consecuencia de que si actúan en beneficio particular están apartándose de una característica esencial del sistema democrático. Las autoridades corruptas no sólo están ensombreciendo la imagen de la democracia o alterando sus contenidos sino que la han abandonado. Según este axioma, Curbelo estaría deslegitimado política y moralmente en la presidencia del Cabildo gomero. Interesante sería, no obstante, conocer al respecto la opinión de su mentor, el preboste del socialismo canario Jerónimo Saavedra. Hay reglas esenciales y no esenciales y hay trampas más o menos graves que pueden perturbar el juego, aunque éste continúe; pero si no se respetan las reglas fundamentales nos salimos del terreno propio. Si en un partido manejan los jugadores la pelota con las manos y los pies y nada hace el árbitro para impedirlo, no se puede decir que se está jugando al fútbol irregularmente sino que se está jugando a otra cosa. Siguiendo con la misma imagen, nadie puede, en cambio, dudar de la naturaleza del juego aunque ocasionalmente se quebranten las reglas, sobre todo si el árbitro tiene energía para castigar y, si es necesario, para expulsar del campo al infractor.
El régimen de Franco llegó a ser calificado en sus postrimerías como una “dictadura atemperada por la ineficacia y la corrupción”. Es posible que, en efecto, fuera dictadura a pesar de la corrupción; pero no puede ahora decirse que el régimen constitucional español actual sea “una democracia atemperada por la corrupción”, ya que aquí –como se está diciendo- no caben términos medios: cuando en una democracia la corrupción se institucionaliza no cabe seguir hablando de democracia. La democracia ha sido secuestrada por una clase activamente corrupta y que, además, tolera con pasividad las prácticas de este carácter que perpetra el aparato administrativo.
Hay una forma perversa de entender y de gestionar la democracia, conforme a la cual se admite que los gobiernos sucesivos abusen del poder con tal que subsista la posibilidad de ser desalojados de él por vías electorales regulares. El Gobierno, según esto, queda legitimado por el procedimiento de su nombramiento y, en consecuencia, un gobierno democráticamente elegido es ya democrático para siempre. Esto, a mi juicio, no es correcto, puesto que no es suficiente la legitimación democrática originaria sino que tiene que confirmarse de manera constante y permanente. Por muy puros que sean sus orígenes, un gobierno deja de ser democrático cuando no actúa de acuerdo con las reglas de este sistema (por ejemplo, corrompiéndose o tolerando una corrupción institucionalizada). Y, dando un paso más, un sistema deja de ser democrático cuando no ofrece una alternativa limpia, o sea, democrática a un gobierno corrupto. Como sucede con esa leprosería política que hace tiempo se montaron los socialistas gomeros.
La celebración de elecciones no presta, sin más, calidad democrática a un régimen, dado que también las dictaduras –y de ellos hay no pocos ejemplos históricos- pretenden fundarse en elecciones o plebiscitos en los que se impone de antemano una solución determinada. Lo que separa a una democracia de una dictadura es la posibilidad de escoger libremente entre varias opciones políticas o personales diferentes. Pero si las opciones ofrecidas son iguales, se rompen las condiciones democráticas por muchas elecciones que se celebren y por muy reñidas que parezcan. Aquí es cabalmente donde interviene la corrupción. Porque cuando ésta llega a un punto en el que los ciudadanos llegan a la convicción de que “todos son iguales: todos hacen lo mismo”, la esencia del sistema democrático se desvanece, habida cuenta de que la de la democracia representativa es la confianza. Cuando los gobernantes no gozan de la confianza de los ciudadanos, ya no puede hablarse de representación legítima.

ENSAYO SOBRE LA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA DEL PODER
(II)

Perdida la confianza, el Gobierno democrático –la gestión de los intereses públicos y generales a través de representantes libremente escogidos- se convierte en un mero ejercicio de poder y el gobernar, a su vez, en un oficio y no precisamente un oficio cualquiera sino una actividad singularmente peligrosa en cuanto que permite la apropiación personal de dicho poder. Repitiendo viejos juegos de palabras, el gobernante corrupto no sirve al Estado (al pueblo) sino que se sirve del Estado (del pueblo). La historia nos brinda ejemplos no raros de dictadores altruistas y también de demócratas personalmente egoístas. Los unos se apropian del poder por la fuerza o por la sangre, pero no se apropian personalmente de sus rentas o beneficios; mientras que los otros formalmente elegidos transforman el oficio en beneficio. La corrupción no ataca al Estado en general –hasta puede confirmarse que el Estado corrupto es en muchos aspectos singularmente fuerte-, pero sí al Estado democrático. El Estado corrupto no es un órgano de representación popular ni un aparato de gestión de intereses públicos y generales sino un aparato de producción de rentas. El consumatum est de la desaparición de la democracia tiene lugar el día en que a la citada frase de “todos hacen lo mismo”, se añade esta otra de “siempre ha habido corrupción y siempre la habrá”: porque la democracia es ilusión, no resignación. Que es lo que está sucediendo desde in illo tempore en esa leprosería política en que los socialistas han convertido a La Gomera.
La legitimación democrática es finalista; no es un mandato en blanco condicionado. Si su objeto, tal como se ha dicho, es la gestión de los intereses generales, a los titulares del poder se les confiere únicamente un rango vicarial, o sea, del de gestores administrativos de tales intereses. Si los mandatarios incumplen, es claro que el mandato puede serles renovado en los términos electorales; pero esto no añade legitimidad alguna puesto que la no reelección no precisa justificarse. Los efectos del incumplimiento son otros: la ruptura unilateral del pacto democrático, al menos hasta las nuevas elecciones y si después de ellas se mantiene a los corruptos en el poder, el sistema, aunque sea con la aquiescencia de ambas partes, deja de ser democrático y se convierte en seudodemocrático. El asentimiento popular no es necesariamente democrático en sentido estricto: la monarquía absoluta de los Austrias fue jurídicamente explicada como un poder delegado del pueblo, que éste podía revocar si su gobierno no se adaptaba a las leyes divinas, puesto que con esta condición se había realizado. Para nuestra mentalidad no era, sin embargo, un régimen democrático. En el vasallaje medieval los individuos se sometían voluntariamente a un señor para que este les protegiese: pacto que hoy nadie entiende tampoco como democrático. El poder actual manipula fácilmente la voluntad de los ciudadanos sin llegar al empleo de la violencia física.
El sistema democrático se caracteriza por la “gestión del poder” que excluye la posibilidad de su patrimonialización incluso aunque sea alternante. Cuando el poder se va patrimonializando alternativamente por los distintos partidos o gobiernos que en él se turnan, lo que sucede es que se ha patrimonializado por una casta. La casta política fragmentada en varios partidos pero conservando su naturaleza sustancial única. Del “Estado soy yo” (Luís XIV) se ha pasado al “Estado es mío”.
Es una verdad amarga que el poder nacional (de la nación, del pueblo) no ha pasado casi nunca de ser una ilusión ideológica. En la edad media el poder era patrimonio del rey y de la nobleza (laica y eclesial) cuya estructura se conservó en la Edad Moderna, aunque con un matiz accidental. Si antes guerreaban “el rey” de Castilla contra “el rey” de Aragón, posteriormente empezó a hablarse harto impropiamente de una guerra entre España y Francia, pongamos por caso, cuando de verdad se trataba de conflictos entre ambos reyes. En los libros de historia se relata como los españoles lucharon en Flandes y por Flandes, como si de un pleito español se tratase, siendo así que lo que en realidad se ventilaba era una discusión dinástica personal de los monarcas, que empeñaban sus dineros y sus súbditos para decidir cual de sus herederos iba a ocupar el trono discutido. Flandes nunca fue de España sino de una persona y una dinastía que ocupaba el trono de España y defendía aquella herencia con el dinero y la sangre de sus súbditos españoles como hubiera defendido con sangre flamenca el trono de España, si este hubiera estado en peligro. Pues exactamente igual sucede en los Estados de ahora. Franco se apropió del Estado en 1936 y no se desprendió de él hasta su muerte. Con el advenimiento de la democracia creyó el pueblo español que había recuperado ese Estado. Vana ilusión, puesto que el tiempo ha demostrado que el Estado ha sido patrimonializado por una casta política que se va rotando en su explotación.
Patrimonialización significa que los ocupantes sucesivos del Estado y del poder lo consideran como una fuente de rentas y beneficios. Digan lo que digan los ideólogos, el ejercicio del poder no es un servicio sino un beneficio, una actividad rentable y el país un cortijo inmenso que puede ser considerado (en términos deliberadamente impropios) de propiedad particular.
En el Estado siempre ha habido enquistadas castas de dominadores y forzoso es reconocer que sigue habiéndolas; pero también ha habido cambios profundos. En el Egipto faraónico dominaba la casta de los sacerdotes que, invocando innumerables dioses, drenaban para su beneficio personal los recursos económicos del país; pero no así en la Grecia clásica. Situación que se repitió en la civilización cristiana desde Constantino hasta la desamortización de los bienes eclesiásticos y la secularización de las actividades públicas.
El pueblo no se deja engañar permanentemente –a no ser que esté alienado- y sabe de sobra quien vive a su costa; pero para expresarse necesita la voz de los juglares y de los ideólogos, que a veces falsean descaradamente sus sentimientos. Más todavía: los fenómenos de dominación y explotación se sirven indefectiblemente de algunos medios (insulares y provinciales), audiovisuales o impresos; mercenarios, prostitutos y depravados, que han renunciado a su función social de contrapeso y contención de las desviaciones corruptivas de los políticos, de los poderes públicos y de las administraciones del Estado: todo lo justifican, ensalzan y, en último extremo, silencian o contribuyen a su silenciamiento. Esta es la purulenta realidad en la que se ha situado el PSOE en la Isla de La Gomera.
Se puede engañar a parte de los ciudadanos todo el tiempo o a todos los ciudadanos parte del tiempo, pero no se puede engañar a todos los ciudadanos todo el tiempo (Abraham Lincoln, dixit).
La primera casta desenmascarada fue la de los terratenientes (titulares de la riqueza tradicional, a la que no hacían producir), que cayeron en el mismo cadalso en que se decapitó a la Iglesia y a la nobleza. La casta militar, en cambio, nunca ha podido ser desterrada por completo, aunque bien es verdad que apenas si conserva hoy sus antiguos privilegios personales. El siglo XIX, después de arrinconar a los nobles y a los frailes, se las prometía muy felices, pero, ante su consternación, no consiguió que el pueblo conquistara el poder. Entonces fue cuando se descubrió que el vacío había sido ocupado por una nueva casta –la de los burócratas y funcionarios-, como se denunció y combatió inútilmente tanto en los regímenes socialistas como en los capitalistas.
A la enorme producción bibliográfica que se dedicó un día a la opresión de la casta burocrática está sucediendo hoy –salvo en España- una bibliografía no menos amplia sobre la opresión de la casta política, a la que ya se ha empezado también a desenmascarar. El pueblo de la península Ibérica tuvo que soportar primero la invasión romana, luego la bárbara y luego la musulmana; con ellas cambiaron el idioma y la religión de los explotadores, pero la obligación de tributar –que es lo que importa- no se suprimía. Hoy no se paga al rey ni a los nobles ni a los frailes, pero el recaudador sigue en su sitio. ¿De qué vive la casta política actual? No es barata ciertamente a juzgar por las partidas retributivas que se autoasignan legalmente en los presupuestos; más no hay que escandalizarse de que se eleven, y aún multipliquen, sus retribuciones dado que la ganancia la tienen asegurada en la corrupción, que es lo que de veras importa. En la desclasificación –global y sin matices- de J. L. Navarro Pérez (Desintegración Nacional, mal gobierno y corrupción en la España de finales del siglo XX), “esta clase política es en nuestro criterio la más deleznable y corrupta que ha gobernado España desde los Reyes Católicos hasta la fecha, y en ella incluimos por méritos propios a los representantes de todos los partidos políticos, entiéndase bien: todos los que han ejercido funciones de gobierno en los ámbitos nacional, autonómico y local”. Más prudentes son las palabras de J. González Pérez (La ética en la administración pública), quien con acierto señala que “la corrupción política no es consecuencia de que los políticos son un grupo de degenerados que vienen de un planeta malvado. Hay que huir del maniqueísmo injusto, que señalaría que los malos son siempre los políticos y los buenos los que están fuera de la política. Hay que huir, en definitiva, de lo que Meinecke llama la satanización de la política, esto es, de la idea de que la política es mala por definición o que es una relación que lleva casi necesariamente a lo inmoral”.
En cualquier caso, ahora ha llegado el turno a la casta política, que se defiende con los mismos subterfugios utilizados por quienes la precedieron. Las castas se proclaman defensoras de unos valores que argumentan con habilidad para demostrar que quien discute sus privilegios personales está atacando tales valores. La casta sacerdotal se escudaba en Dios y en la religión, la casta noble, en la tradición; la casta militar, en la defensa nacional; la casta burocrática, en el servicio público. Hoy invoca la casta política el interés democrático y utiliza sin escrúpulo la falacia de que quien discute su dominio crispa y está erosionando la democracia.

ENSAYO SOBRE LA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA DEL PODER
(III)

Recientemente P. de Andrés Ibáñez (Corrupción y Estado de Derecho) ha formulado una idea muy aproximada con ayuda de las expresiones “empresa-partido” y “empresa-gobierno”. En el mundo moderno, efectivamente, los partidos están dejando de ser un lugar de encuentro ideológico y de proyectos políticos para convertirse en organizaciones cuya existencia se justifica por sí misma, cuyo fin es el acceso al poder y cuya supervivencia exige –y, por ende, legitima- un aparato y unos medios de financiación absolutamente desconectados de las ilusiones políticas de las masas. Una desviación perversa indudablemente pero que parece inevitable, dado que sin esta forma empresarial de organizarse ningún partido podría ni siquiera mantenerse. Destino ineluctable, maldición bíblica o predisposición genética: es lo mismo, pero a nadie puede sorprender esta evolución, puesto que ya fue anunciada con precisión astronómica hace casi cien años por Robert Michels.
Pues si esto es así, cabe fundadamente dudar que este tipo, esta degeneración de los partidos políticos tenga un lugar legitimo en un sistema democrático. Porque lo que en todo caso está fuera de dudas es que una organización acompañada de prácticas corruptas no coyunturales sino esenciales y estructurales en modo alguno es compatible con la democracia.
Por si esto fuera poco, las contradicciones se multiplican con la emergencia de la “empresa-gobierno” porque una empresa tiene sus intereses propios y unos modos de actuación que no responden siempre a las aspiraciones de los ciudadanos. Desde hace mucho tiempo se viene utilizando la imagen del Estado-sociedad mercantil, cuyos accionistas son los electores. Imagen que ha terminado siendo mucho más realista de lo que se creía y absolutamente fiel en sus aspectos negativos en una época en la que ya nadie puede creer que el Santander, por ejemplo, realice la voluntad de los accionistas. Los gobiernos, al igual que los consejos de administración de las grandes corporaciones mercantiles, se encuentran parasitados por unos consejeros de administración que desplazan con sus intereses personales los intereses sociales generales; y, en último extremo, incluso los intereses del consejo de administración pueden ser desplazados por los individuales de su presidente.
Con la corrupción se culmina la ruptura del vínculo de fidelidad que une a gobernantes y a gobernados. En el lenguaje común se habla de electores fieles, de clientelas devotas a un líder o a un partido, siendo así que la situación debiera ser inversa, ya que son los políticos quienes han de ser fieles a los ciudadanos.
La representación democrática se basa en la confianza. Se supone que el pueblo tiene unos ideales y unos intereses y que se designa a determinadas personas para que los lleven a cabo. Se supone que los programas de los partidos conjeturan e interpretan los deseos del electorado, pero que la voluntad y la decisión corresponden a éstos. Pues bien, en el ejercicio cotidiano de la democracia se demuestra que estos puntos de partida son ficciones ideológicas, cuyo verdadero carácter ni siquiera se pretende disimular. Una vez en el poder, el gobernante cierra su cuaderno programático y, con olvido absoluto de él, actúa como quiere o como puede, defraudando sus promesas más enfáticas.
Esto es cosa tan sabida que los electores ya han terminado asimilándolo y no parecen sorprenderse cuando, contra todo lo anunciado, se les lleva a la Alianza Atlántica, se les sube los impuestos en lugar de bajarlos, que, como dice Zapatero, es de izquierdas o se les promete una vez más a los discapacitados un incremento notable de las pensiones mínimas asistenciales y la falacia, otra vez, engaña a los menesterosos. La vida política se ha desideologizado y los partidos más aún. Los ciudadanos ya no sueñan con grandes empresas y lo que quieren es vivir mejor. Para ello eligen buenos gestores de la cosa pública y es aquí donde se produce la segunda defraudación. Porque los políticos, en su papel de gestores, no solo administran mal sino corruptamente en cuanto que dilapidan el patrimonio público que se les ha confiado y se lo reparten entre ellos y sus amigos. La gestión estatal se desvela así como otra ficción hasta tal punto que hoy casi nadie discute ya que la gestión pública es peor que la privada. Y si recordamos, en fin, que el tercer elemento de la democracia –la responsabilidad- tampoco funciona, he aquí que se derrumba, que se ha derrumbado todo el edificio político. ¿Qué puede quedar de un sistema si se quiebran sus pilares?
Quienes dicen vivir “para” la democracia, y están en realidad viviendo “de” ella, por razones fáciles de comprender, niegan la evidencia y envuelven todo en una espesa nube de propaganda ideológica, de estigmatización de críticos y de crucifixión de librepensadores y de heterodoxos. Es la única posibilidad de que superviva el sistema y de que, de paso, se mantengan sus beneficios personales.
Por debajo de la publicidad –y de acuerdo con las reglas de juego de ésta- late un pragmatismo descarnado que justifica todas las infidelidades. Si los electores son tan simples que no reaccionan ante un cambio tan flagrante de los objetivos del programa que han votado y, por otro lado, si los electores toleran con indiferencia la deviación de los poderes y el enriquecimiento personal de los gestores, no hay ninguna razón para que éstos obren de otro modo, puesto que tampoco hay resortes válidos y eficaces que impulsen a lo contrario.
La corrupción democrática surge, en definitiva, en la confluencia de dos fenómenos perversos que se apoyan y potencian recíprocamente: la profesionalización de la clase política y la “empresarización” de los partidos y los gobiernos.
La democracia, al ofrecer todos los cargos públicos a los ciudadanos, ha tenido que asumir el compromiso de retribuirles dignamente, puesto que, de no ser así, la gestión pública quedaría reservada de facto a los potentados o, al menos, a quienes no tuvieran necesidad de trabajar para poder vivir. La retribución “digna” está asegurada, desde luego, pero es el caso que por las manos de buena parte de los administradores públicos circulan fortunas considerables o servicios que como tal valen y, a diferencia de lo que sucede con los cajeros de un banco, no tienen que cuadrar sus cuentas. Así viene la tentación propiciada por sobornadores astutos y favorecida por la impunidad. Una situación singularmente vulnerable cuando se trata de individuos que han hecho de la política su profesión vitalicia, que se desdoblan en dos planos que no progresan sincronizados, ya que los ingresos de la cúspide pueden ser modestos (y legalmente lo son), mientras que hay puestos inferiores que permiten un enriquecimiento personal sin tasa, que ya nada tiene que ver con la retribución digna o congrua a todos debida.
Por otra parte, la carrera pública depende del partido, hasta tal punto que las relaciones entre él y los militantes son feudo-vasalláticas: el político tiene a su señor y éste le recompensa con un beneficio (el cargo público). Hasta aquí nada hay reprochable. Lo malo es cuando el señor hace una expedición con fines económicos y reparte el botín con quienes le han ayudado, exactamente igual que los nobles feudales saqueaban tierras de moros y tenían que entregar al rey parte de la rapiña. El vasallo generoso entregaba quizá todo lo obtenido; la costumbre, no obstante, era el reparto.
En la actualidad, los militantes hacen excursiones en las economías privadas (que no son precisamente los “moros enemigos”) usando los poderes del cargo que les ha facilitado el partido, y, aún repartiendo al final, todos salen ganando. Son las reglas del poder y de la fuerza. Así se obraba en la Edad Media y en términos muy similares también en la Edad Moderna en las “capitulaciones de conquista” y en las “patentes de corso”. En el siglo XIX se mantiene y generaliza este estado de cosas con el caciquismo. Y ahora, detrás del oropel constitucional, siguen medrando los mismos perros aunque sea con el collar democrático; pero –no olvidemos- si el hábito no hace al monje, el collar no amansa la voracidad del perro (llámese Curbelo o como quiera que se llame).
Tal como están las cosas ya no vale la pena discutir sobre las polvorientas cuestiones de si el Estado es un órgano del pueblo o de si es éste el que se autogobierna a través de sus representantes democráticamente elegidos. Dejemos estos temas a los ideólogos de verbena y a los profesores momificados. Porque hemos llegado a un punto en el que ya no interesa saber quién es el Estado ni a quién pertenece. Lo único que importa es quién está utilizando los poderes estatales en beneficio particular; y en este momento el que se decida a levantar el velo de las fraseologías y a prescindir del precio de las inercias se encuentra con una casta política que reparte con una casta burocrática y sindical el botín de las expoliaciones y de los negocios que realiza con una casta de empresarios privados. Grupos que en realidad son uno solo, aunque sus individuos jueguen coyunturalmente papeles distintos.
La corrupción es fruto del árbol de la injusticia. Cuando el ciudadano se percata de que las decisiones públicas no se adoptan con criterios de racionalidad ni de legalidad sino por pura arbitrariedad, no tiene otra opción que la de jugar con las únicas cartas disponibles, es decir, las de la corrupción. Podemos reconocer, entonces, que las cosas funcionan realmente así: pero no es lícito llamar Estado democrático a un garito de fulleros.

APENDICE

Lectores aficionados a la cinegética me animan a una incursión que abunde en detalles sobre algunos aspectos de las corrupciones públicas denunciadas en mis anteriores artículos: un precavido cazador nunca quema toda la munición. Si el arma es de repetición, con dos cañones superpuestos, hay que hacer reserva cuanto menos de dos cartuchos, uno por cada recámara, en prevención de cualquier contingencia.
Con tantos títulos valores de la corrupción que atesora Curbelo -listo sin talento, astuto por naturaleza y temerario patológico: como los ratones colorados. Pero de ahí no pasa- no albergo la más mínima duda de que no se presentará ningún obstáculo capaz de impedir su candidatura a la presidencia regional del PSOE-PSC. Si existiera impedimento, seguro acudirá a desfacer el entuerto su mentor, el socialista histórico Jerónimo Saavedra, condescendiente en exceso con este tipo de cuestiones.
Jerónimo, en su madurez, se siente a gusto rodeado de una cohorte lisonjera que invita al escepticismo. Vive sin vivir en si, con unos congéneres que a toda costa y a cualquier precio sólo esperan el momento del asalto al poder, el desquite o la vendetta. El PSOE-PSC requiere para sobrevivir una intervención quirúrgica que corte por lo sano: primero, la corrupción domestica, después ya se proveerá. En todo caso, lo que no se debe ni puede hacerse, es poner al zorro a cuidar el gallinero. Sería un acto de absoluta insensatez, o cuando menos irresponsable.
Otro caso resulta ser el diputado a Cortes José Segura, emisario y corredor del zar, al que tantos años en la política activa al parecer le han debilitado el olfato para poder husmear el rastro en los casos de corrupción pública.
Finalizo trayendo a colación la alegoría contenida en un discurso del presidente J.F.K.: no preguntes qué puede hacer la Isla por ti, con tanto político engolfado en la corrupción pública. Sino qué puedes hacer tú por la Isla, para cambiar el deprimente panorama.

Alonso Trujillo